En Campeche 14 ejidos demandan a Barrientos y Asociados, despacho ya desligado de Fonatur, por fraude en pago de derecho de vía del Tren Maya
Por ejidos de Campeche, como Miguel Alemán, pasan las viejas vías férreas, parte de la vista en muchos poblados del estado, cuyos habitantes se fueron enterando de un Tren Maya que traería empleo y una mejor calidad de vida para ellos.
Para iniciar el proceso de expropiación de los derechos de vía del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) contrató a un despacho, Barrientos y Asociados S.A. de C.V., para que informara los pasos, avalúos, y que los ejidatarios firmaran las liberaciones para así permitir el trabajo en los terrenos.
Pero Barrientos y Asociados no informó de avalúos y les dijo a los ejidatarios que recibirían un regalo, una recompensa por tener terrenos justo donde pasará el Tren Maya, que les darían tres pesos por metro cuadrado.
La respuesta de los pobladores fue que por lo menos fuera el doble, y el representante del despacho de inmediato aceptó: ¡Sí, seis pesos!
Entonces, ya con el monto acordado a repartir que los ejidatarios aceptaron, emocionados porque recibirían dinero por el simple hecho de que por ahí pasará el Tren Maya, los comisariados ejidales, compuestos por comisario, secretario y tesorero, fueron llevados a unas oficinas en Campeche, capital...
Ahí los abogados les hablaron de que no solo eran los cheques acordados, sino que había otros más por los servicios del despacho, por haberles tramitado el beneficio económico que ya habían negociado y que no era necesario hablar de esas cantidades... Sin embargo, no había nada que cobrar pues ya habían sido contratados por el gobierno federal.
Así que fueron al banco, cobraron los cheques, y Barrientos y Asociados se quedó con una cantidad mayor, por lo menos 12 millones de pesos en Miguel Alemán, mientras que para los ejidatarios fueron dos millones de pesos a repartir.
El dinero, que fue menos, llegó, los ejidatarios estaban contentos de recibirlo, decían, ¿a quién no le gusta que le regalen dinero?
Sin embargo, la sorpresa llegaría más tarde, cuando se enteraron de que la cantidad que les correspondía era mayor, que algunos ejidos demandaron a Barrientos y Asociados y que les querían hacer firmar las liberaciones de los terrenos, aceptando que habían recibido mucho más dinero del pactado.
Vino así la negativa de los comisarios ejidales a firmar las liberaciones de los terrenos aledaños al paso de las vías férreas y la exigencia de que les explicaran sobre los avalúos que les debieron presentar desde un principio, de dónde quedaron los cheques, supuestamente, entregados.
Los de Barrientos y Asociados dijeron que fue el abuso de un par de sus empleados y que ya estaban demandados por el mismo despacho...
Pasó el tiempo y no hubo respuestas claras, ni de las autoridades federales, quienes después informaron que el despacho que los engañó ya no trabajaba para ellos y que los trabajos del Tren Maya seguirían, que el dinero que no les habían dado llegaría...
Y cuando terminó la relación laboral, los del despacho se fueron, y lo hicieron con parte del trabajo que habían hecho, necesario para seguir con el trayecto del Tren Maya, el cual promete ser un gran beneficio para el sureste del país, para los más pobres...
Reportaje: Jairo Magaña y Juan Carlos Pérez
Fotografía: Jairo Magaña
Edición: Andrés Silva
Al ejido Miguel Alemán, en Campeche llegó, a principios de 2019, un representante del despacho Barrientos y Asociados, S.A. de C.V. (ByA), para decirle al comisariado ejidal que había un regalo, una recompensa económica sólo por tener hectáreas cercanas a las vías del Tren Maya; después llegó el dinero y fue repartido entre los ejidatarios, quienes desconocían que sería menos de lo que el gobierno federal ya tenía dispuesto y aprobado con el despacho para ellos.
“Tendrán un regalo por estar cerca de las vías”, les dijeron, “les vamos a dar tres pesos por metro cuadrado”. Ellos respondieron que no, que era poco, mejor el doble, seis pesos, y Alan Young Cruz, representante de Barrientos y Asociados, el despacho que ganó por adjudicación directa del gobierno federal para hacer el trámite de cesión de los derechos de vía del Tren Maya, contestó que estaba bien.
Pero Enrique Collí, ex comisario ejidal, recuerda contundente: “nos engañaron”.
En otros ejidos de Campeche la dinámica era la misma: acudían y daban una cantidad, los convencían y después llevaban a los comisariados a la capital, Campeche, a firmar cheques autorizados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para liberar los terrenos, pero Barrientos se quedó con parte de los cheques y del dinero.
Plataforma de descarga y mantenimiento a ruedas de locomotoras en Miguel Alemán
Por ejemplo: Barrientos pagó, con recursos públicos, 645 mil pesos a los ejidatarios de Miguel Alemán, pero se quedó con un cheque de 12 millones de pesos que le hicieron firmar a Enrique Collí, le dijeron que era parte de sus servicios.
La primera propuesta del despacho fue pagarles a tres pesos el metro cuadrado, por lo que convocaron a asamblea para informar y los más de 200 ejidatarios que acudieron acordaron que no, que querían más; es decir, seis pesos por metro cuadrado.
Cuando hablaron con el representante de ByA, sin chistar les dio el sí, porque “había dinero para convencerlos”.
Sin que los ejidatarios buscaran orientación de la Procuraduría Agraria, el organismo encargado de proteger sus derechos, siguieron el proceso esperando la llegada de los cheques, pero no fue así, sino que un día los de ByA llegaron por Enrique y su comisariado, compuesto por secretario y tesorero; los subieron a una camioneta argumentando que era parte del apoyo para no poner sus vidas en peligro, pues era riesgoso cargar con un cheque de las cantidades que les iban a entregar.
Representantes del despacho los trasladaron hasta Campeche, a 220 kilómetros de Miguel Alemán, específicamente a unas oficinas federales en el inmueble conocido como el Palacio Federal. Ahí los esperaba supuestamente alguien de Fonatur y una notaria pública que iba a dar fe y legalidad al proceso.
Su sorpresa fue cuando vieron que había más gente haciendo fila para pasar, comisariados de los demás ejidos del tramo 1, desde Corte de Pajaral y Pejelagarto, del municipio de Candelaria, así como Don Samuel, Haro y División del Norte, del municipio de Escárcega.
Con el pretexto de la pandemia, de que eran muchos y no podían tardar tanto, entraban y salían los comisarios, acompañados por personal de ByA. Collí recuerda: “cuando nos tocó a nosotros, entramos, me entregaron los papeles y me dijeron ‘firme aquí, también aquí y este también’, tres documentos que no me dejaron leer, primeramente; me los quitaron y me dijeron que no podía tardar y que debía firmar enseguida, que si no quería firmarlos que lo dijera en ese momento”.
Les comentaron que ya habían firmado otros ejidos de la misma manera, que sólo faltaban ellos y unos más para finiquitar el proceso, así que lo apresuraron a firmar para ya irse.
Finalmente, les entregaron cuatro cheques, “me tomó del brazo, el de Barrientos, y nos dijo que nos iban a acompañar a cobrarlo para que no haya peligro, incluso nos mostró que estaban armados para defendernos por cualquier cosa (armados, literalmente, con una pistola)”, relata Enrique Collí, ahora en calidad de ex comisario ejidal, desde su casa.
“Cuando íbamos en el trayecto nos pidieron el cheque por 12 millones, porque según era el pago de sus servicios profesionales, mientras que los que iba a cobrar para el ejido eran dos, uno de 645 mil y otro de millón 400 mil, que eso era lo que le correspondía al ejido y que según lo platicado en las asambleas así habíamos quedado y que ese de 12 millones no sería reflejado por lo mismo, porque estaba contemplado para sus servicios profesionales”.
Después de eso, los llevaron al pueblo, convocaron a una asamblea para pagar el recurso y listo, no se volvieron a ver, hasta que, cara a cara, Collí le dijo a Alan Young que los demandó porque en la comunidad le acusan de quedarse con el dinero.
El actual comisario de Miguel Alemán, Jesús Millán, conocido como “don Chuy”, contó que cuando quedó como comisario tuvo acceso a los documentos y al revisarlos y asesorarse, le demostraron que hubo cuatro cheques que según recibió don Enrique Collí.
Dos de esos cheques fueron repartidos entre los 292 ejidatarios, hecho que consta en un acta de asamblea, otro, el de 12 millones de pesos fue entregado, supuestamente, a los de Barrientos y otro más por 260 mil pesos no apareció y los pobladores señalan a don Enrique de quedárselo.
Cuando Alan Young Cruz y Joel Guadarrama, de ByA, fueron denunciados por fraude, otros empleados del despacho comenzaron a visitar al nuevo comisariado con las supuestas pruebas de que sus antecesores recibieron más de dos millones de pesos en el trámite de liberación de tierras.
Les mostraron copias de los otros dos cheques también por concepto de indemnización de las tierras que serían afectadas por el paso del Tren Maya.
Fue entonces cuando los ejidatarios se enteraron de que les repartieron menos dinero de lo que les correspondía, y que también había pasado en otros ejidos.
En el ejido Cinco de Febrero, pero en el municipio de Champotón, Marcelo García Góngora, ex representante del Comité de Vigilancia del comisariado, recuerda que cuando ByA llegó con ellos inició ese mismo proceso de ofrecerles una cantidad por concepto de pago por sus tierras sin hablar de avalúos ni de cuántos pagos serían.
La diferencia fue que al estar más organizados que los de Miguel Alemán, no aceptaron dinero o cheques y tras varias asambleas contrataron a unos asesores legales para que los apoyaran y les explicaran, y pelearon por lo que firmaron previamente en cuestión de los cheques; es decir, firmaron dos pagos y fue lo único que recibieron, aunque más tarde les hayan querido adjudicar otros pagos sin pruebas.
Otra de las diferencias fue que tampoco aceptaron los tres pesos que les estaba ofreciendo ByA por metro cuadrado; en asamblea acordaron pedir 10 pesos, pues sabían que sus tierras tenían un costo mayor, pero no calculaban cuánto con exactitud, razón por la que hicieron la petición y de nueva cuenta Alan Young Cruz les dijo que sí, “que ellos pidieran lo que consideren porque había dinero para convencerlos”.
Sin embargo, tras un año de pelear por las copias del proceso de pago, donde especifica por qué les dieron determinada cantidad de dinero, los ejidatarios y sus asesores descubrieron que no les pagaron lo acordado por la asamblea, sino que, con el argumento de ser diferentes tipos de suelo, unas hectáreas las pagaron a 7.60 pesos y otras a 8.10 por metro cuadrado.
De acuerdo con el Convenio de Ocupación Previa de Tierras de Uso Común que Serán Sujetas a Procedimiento Expropiatorio, que celebran el ejido “Cinco de Febrero”, municipio de Champotón, firmado entre el comisariado ejidal compuesto por presidente, comisario y tesorero, Nacional Financiera como fiduciaria del gobierno federal en Fonatur, ante la presencia de la Procuraduría Agraria, debe haber un avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), previa celebración del contrato.
Dicho Convenio especifica que el procedimiento expropiatorio ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de las hectáreas señaladas en el caso de dicho ejido, es para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto denominado Tren Maya y sus obras complementarias, conforme a la fracción VII del artículo 93 de la Ley Agraria.
El artículo establece que “los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas”, una de ellas, según la fracción VII, es por la construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte.
El convenio de dicho ejido establece que Fonatur se obliga a pagar a El Ejido por concepto de pago anticipado a cuenta de la indemnización que en su momento determine el decreto expropiatorio, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 57 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de acuerdo con el avalúo emitido por el Indaabin, la cantidad de dos millones 83 mil 13 pesos.
El monto a pagar es en una sola exhibición, mediante cheque 0004922, del banco BBVA Bancomer.
En los ejidos Corte de Pajaral, Candelaria, Pejelagarto, Miguel Alemán y Luna, en el municipio de Candelaria; Don Samuel, Har y División del Norte, en Escárcega; y Miguel Colorado, 5 de Febrero, Pixoyal, Lázaro Cárdenas, La Esperanza y Felipe Carrillo Puerto, en Champotón, el común denominador fue el precio que ByA les ofreció previamente y no ser claros con los avalúos ni los cheques que les expidieron.
Estos ejidos unieron sus experiencias respecto al proceso del pago para hacer una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se encontraron con que, primero, no tenían a alguien de guardia que recibiera la denuncia formalmente, segundo, el argumento de que no era competencia de la FGR aún y cuando lo denunciado es fraude con un recurso federal y de un proyecto emanado de la Federación y, tercero, que fue por la pandemia, señaló Jorge Fernández Mendiburu, asesor legal de la unión de ejidos.
En las asambleas celebradas entre los meses de junio y julio del presente año, en estos ejidos han manifestado su preocupación por el dinero que no aparece y cuyos cheques les adjudican como recibidos.
Los ejidatarios también han pedido al gobierno federal una explicación completa del avalúo que el Indaabin hizo respecto a las zonas que serán afectadas por el trayecto del Tren Maya para determinar cuánto les pagaron por metro cuadrado exactamente, así como la respuesta por la falta de información no sólo por parte del despacho, sino de las instancias que promueven actualmente la liberación y consentimiento de dichas áreas, que, según Javier Rodríguez May, secretario de Bienestar, enviado para resolver el problema, son 40 dependencias que intervienen en todo el proceso.
El actual presidente del comisariado ejidal, Jesús Millán, señaló que los representantes de ByA lo presionaban para firmar de recibido cheques que nunca vieron
Sin embargo, ejidatarios como Marcelo García Góngora y su hermano José del Carmen, quien fue el comisario del ejido 5 de Febrero, coincidieron en que en estas últimas asambleas lo que está haciendo Rodríguez May y todos los titulares de las diversas dependencias, es disuadirlos para que estén conformes con apoyos.
Un ejemplo es la asamblea del 8 de julio pasado en Don Samuel, donde los ejidatarios dan por desaparecidos 8 millones de pesos que según fueron entregados al comisariado saliente, pero afirman que no hubo tal pago.
El motivo de dicha asamblea convocada por Javier Rodríguez May, Katia Meave Ferniza, delegada de los programas federales en Campeche y otras autoridades, fue para dar explicación del recurso e informar lo que proseguía.
Pero durante la asamblea no hubo tal explicación y sí la consigna de que “no se preocupen por el recurso, lo que falta se les va a pagar por parte del gobierno federal, pero ya tomada la decisión, mejor díganos en qué les podemos ayudar en lo que sale ese recurso
Estos ejidos unieron sus experiencias respecto al proceso del pago para hacer una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se encontraron con que, primero, no tenían a alguien de guardia que recibiera la denuncia formalmente, segundo, el argumento de que no era competencia de la FGR aún y cuando lo denunciado es fraude con un recurso federal y de un proyecto emanado de la Federación y, tercero, que fue por la pandemia, señaló Jorge Fernández Mendiburu, asesor legal de la unión de ejidos.
En las asambleas celebradas entre los meses de junio y julio del presente año, en estos ejidos han manifestado su preocupación por el dinero que no aparece y cuyos cheques les adjudican como recibidos.
Los ejidatarios también han pedido al gobierno federal una explicación completa del avalúo que el Indaabin hizo respecto a las zonas que serán afectadas por el trayecto del Tren Maya para determinar cuánto les pagaron por metro cuadrado exactamente, así como la respuesta por la falta de información no sólo por parte del despacho, sino de las instancias que promueven actualmente la liberación y consentimiento de dichas áreas, que, según Javier Rodríguez May, secretario de Bienestar, enviado para resolver el problema, son 40 dependencias que intervienen en todo el proceso.
Con topógrafos y técnicos marcan las vías con ubicación de la zona
Sin embargo, ejidatarios como Marcelo García Góngora y su hermano José del Carmen, quien fue el comisario del ejido 5 de Febrero, coincidieron en que en estas últimas asambleas lo que está haciendo Rodríguez May y todos los titulares de las diversas dependencias, es disuadirlos para que estén conformes con apoyos.
Un ejemplo es la asamblea del 8 de julio pasado en Don Samuel, donde los ejidatarios dan por desaparecidos 8 millones de pesos que según fueron entregados al comisariado saliente, pero afirman que no hubo tal pago.
El motivo de dicha asamblea convocada por Javier Rodríguez May, Katia Meave Ferniza, delegada de los programas federales en Campeche y otras autoridades, fue para dar explicación del recurso e informar lo que proseguía.
Pero durante la asamblea no hubo tal explicación y sí la consigna de que “no se preocupen por el recurso, lo que falta se les va a pagar por parte del gobierno federal, pero ya tomada la decisión, mejor díganos en qué les podemos ayudar en lo que sale ese recurso faltante, ¿qué necesitan?”, preguntó Rodríguez May con ayuda de un micrófono.
El acto provocó el aplauso de los ejidatarios que asistieron a dicha asamblea y que no debió realizarse pues de acuerdo a los estatutos no había el quórum requerido.
Después respondieron que la siembra ya iba a comenzar y no tenían dinero para fertilizantes, por lo que rápidamente Rodríguez May les prometió que, al día siguiente, 9 de julio pasado, les llevarían sacos de fertilizantes para todos los ejidatarios asentados en el padrón, por lo que volvió a preguntar, ¿cuánto está bien: cinco, seis sacos?
Nuevamente los ejidatarios aplaudieron y respondieron que seis sacos para cada uno de los más de 300 ejidatarios, a lo que el funcionario federal pidió que lo anotaran para que al día siguiente el subdelegado de programas federales, José Cardozo Rivera, llegara con la gente necesaria para la repartición del fertilizante e hizo hincapié: “no se preocupen, el recurso que falta de indemnización será pagado”.
Según cuenta María Elena Hernández Hernández, ejidataria y representante de Don Samuel, este discurso lo han utilizado las autoridades federales para desatender el objetivo de las reuniones ejidales para que les den una respuesta de los pagos, la explicación de dónde quedó el dinero, así como qué va a suceder con ByA, despacho al que ya les cancelaron el contrato, debido a todas las irregularidades pero no entran en más detalles, según respuesta de las autoridades.
Alejandro Velazco Izuka, representante de ByA, durante una entrevista en el ejido 5 de Febrero en julio pasado, explicó que ellos fueron contratados por la división del Tren Maya y Fonatur para hacer los trabajos de ingeniería básica y lo jurídico; es decir, dos labores diferentes pero que van de la mano.
Primero Fonatur le da coordenadas del trazo a ByA para que estos asistan, hagan mediciones y georreferenciación de espacios para luego pasar a la parte jurídica en la que tienen que integrar un expediente en conjunto con los núcleos ejidales que permita la conciliación para llegar a un acuerdo mutuo por el pago de las áreas impactadas por el proyecto.
A dichos pagos los denominan uso previo y derecho de vía, sin embargo, falta el pago por daños posteriores.
Antes del paso jurídico, Indaabin realiza un avalúo de acuerdo con la información proporcionada por ByA para el pago de uso previo.
“A veces lo que se hace, como hay una combinación de clasificación de suelos en las superficies afectadas, se promedia, porque hay una combinación de influencia urbana con avícola forestal y en el caso de 5 de Febrero de entrada son agostaderos, la tierra más barata”.
Sin embargo, fueron pagados al precio más alto que es de 71 mil pesos por hectárea, es decir, 71 pesos por metro cuadrado, aseguró. “Agostadero es un lugar que no está disponible para espacios agrícolas o no está trabajado”.
Pero también hubo avalúos en donde el costo fue de 86 pesos por metro cuadrado u 86 mil pesos por hectárea.
La asamblea de anuencia sirve para autorizar al comisariado ejidal a que firmen el convenio de ocupación previa y se llama así porque es lo primero en el decreto definitorio que Sedatu deberá de realizar.
“Los compañeros con los que existe el problema son Eloy Guadarrama y Alan Yong Cruz, quienes abusaron de la confianza y de la ignorancia de los comisariados ejidales a quienes les solicitaron pagos millonarios por servicios profesionales, cuando estos servicios ya estaban solventados en un contrato firmado anteriormente entre Fonatur y el director de ByA como parte de una licitación pública para el servicio de ingeniería básica y jurídica”, aseguró el representante de ByA.
Estos personajes enfrentan una denuncia penal promovida por ByA, por fraude y lo que resulte, aseguró.
Velazco Izuka dijo que ellos, ByA, nunca pagaron o tocaron el dinero en efectivo, al menos el protocolo que usan no tiene que ver con el recurso en efectivo, sino con la entrega de cheques con los notarios públicos subcontratados, que en el caso de 5 de Febrero fue la notaria 37, Mónica Rodríguez.
Sin embargo, también hay sospechas de que los comisariados ejidales tuvieron injerencia en el desfalco ocurrido a otras comunidades, aseveró.
Respecto al dinero que desfalcaron los del despacho, tendría que regresar pues son recursos de la nación que deben ser usados para lo que fueron destinados, mencionó.
El trabajo de ByA termina cuando el representante entrega la documentación a la notaría o notario para hacer la entrega del cheque a los comisariados y estos a su vez informan de la cuenta bancaria a donde será depositado el cheque.
La relación con ByA ya terminó, asegura Adrián Montemayor, gerente nacional de Comunicación Social de Fonatur, sin dar más detalle, y tras ser cuestionado de si el despacho cumplió con su trabajo o se llevó lo que había realizado, la respuesta fue que hay cuestiones legales que revisar para dar más información.
El 15 de julio de este año, en un comunicado de prensa, Fonatur informó que en el ánimo de difundir información pública sobre sus trámites y servicios, la empresa Barrientos y Asociados, S.A de C.V., ya no tiene relación contractual con ninguna de sus empresas filiales.
“El contrato de prestación de servicios profesionales, técnicos, jurídicos y de coordinación en el proceso de adquisición de derecho de vía en los primeros tres tramos del proyecto Tren Maya, no se renovará ni será considerado para la prestación de servicios futuros”.
Destaca que “Fonatur se encuentra atendiendo las denuncias realizadas por ejidatarios emanadas del proceso de negociación para el pago por la liberación del derecho de vía” y que evalúan los mecanismos para continuar los procesos de negociación con ejidos y habitantes en la ruta.
Con corte a ese día, señalaron que llevaban 633 millones de pesos ejercidos en los procesos de pago de inmuebles en los tres primeros tramos del Tren Maya.
Ejidatarios de Miguel Colorado en Champotón, esperan que el Tren Maya pase frente a su atractivo turístico más importante, el Cenote Aguazul
ByA también fue contratado por el gobierno de Campeche, cuando estaba a cargo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, actual líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tuvo un pago de seis millones 234 mil pesos por una consultoría para el estudio de liberación de derecho de vía y meses después el gobierno federal le otorgó en adjudicación directa 62 millones de pesos.
Dicho presupuesto fue para los “trabajos técnico- jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya”, de acuerdo con el contrato C-TM-007/2019, firmado por Arturo Avalos
Albor, apoderado legal del Fonatur; Alejandro Varela Arellano, director jurídico de Fonatur y administrador del contrato, así como Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, apoderado legal del despacho ByA.
Meses más tarde este convenio fue modificado para que los servicios de ByA fueran extendidos desde septiembre del 2019 a diciembre de ese mismo año, es decir, tres meses; mientras que el primer convenio fue por un pago de 62.7 millones de pesos, los tres meses extra que trabajaron fue por 24.3 mdp más, es decir, 87 millones de pesos en total.
En Quintana Roo la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) signó con ByA el contrato de obra pública AGEPRO/AD/SERV/005/2019 por un monto de 6 millones 867 mil 842 pesos para “estudios técnico jurídicos preliminares para la gestión y liberación del derecho de vía para el desarrollo de infraestructura en el estado de Quintana Roo”, tras recomendación de Fonatur.
Sin embargo, el estudio pagado fue innecesario porque el tren no utilizaría los derechos de vía, sino que correría por la carretera federal en sus tramos de Cancún a Playa del Carmen y de Playa del Carmen a Tulum.
El director general de ByA, Ernesto Barrientos Quintero, aparece en el dictamen de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, al consignarse como coordinador del programa Oportunidades en el Estado de México, bajo la gestión de la ex secretaria de Desarrollo Social; dos años antes figura como funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Rosario Robles Berlanga fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y también de Desarrollo Social, en el sexenio de Enrique Peña Nieto; está acusada por ejercicio indebido del servicio público, al no haber evitado ni denunciado el desvío de 5 mil 73 millones de pesos.
Aserraderos a la orilla de las vías en la comunidad 5 de febrero del municipio Champotón esperaban trabajo, pero no los contrataron
Reportaje: Jairo Magaña y Juan Carlos Pérez
Fotografía: Jairo Magaña
Edición: Andrés Silva
Ilustración: Sergiopv · @serpervil
Este reportaje fue realizado como parte del programa MásterLAB en edición de investigaciones, de Quinto Elemento Lab.
Al ejido Miguel Alemán, en Campeche llegó, a principios de 2019, un representante del despacho Barrientos y Asociados, S.A. de C.V. (ByA), para decirle al comisariado ejidal que había un regalo, una recompensa económica sólo por tener hectáreas cercanas a las vías del Tren Maya; después llegó el dinero y fue repartido entre los ejidatarios, quienes desconocían que sería menos de lo que el gobierno federal ya tenía dispuesto y aprobado con el despacho para ellos.
“Tendrán un regalo por estar cerca de las vías”, les dijeron, “les vamos a dar tres pesos por metro cuadrado”. Ellos respondieron que no, que era poco, mejor el doble, seis pesos, y Alan Young Cruz, representante de Barrientos y Asociados, el despacho que ganó por adjudicación directa del gobierno federal para hacer el trámite de cesión de los derechos de vía del Tren Maya, contestó que estaba bien.
Pero Enrique Collí, ex comisario ejidal, recuerda contundente: “nos engañaron”.
En otros ejidos de Campeche la dinámica era la misma: acudían y daban una cantidad, los convencían y después llevaban a los comisariados a la capital, Campeche, a firmar cheques autorizados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para liberar los terrenos,
pero Barrientos se quedó con parte de los cheques y del dinero.
Por ejemplo: Barrientos pagó, con recursos públicos, 645 mil pesos a los ejidatarios de Miguel Alemán, pero se quedó con un cheque de 12 millones de pesos que le hicieron firmar a Enrique Collí, le dijeron que era parte de sus servicios.
La primera propuesta del despacho fue pagarles a tres pesos el metro cuadrado, por lo que convocaron a asamblea para informar y los más de 200 ejidatarios que acudieron acordaron que no, que querían más; es decir, seis pesos por metro cuadrado.
Cuando hablaron con el representante de ByA, sin chistar les dio el sí, porque “había dinero para convencerlos”.
Sin que los ejidatarios buscaran orientación de la Procuraduría Agraria, el organismo encargado de proteger sus derechos, siguieron el proceso esperando la llegada de los cheques, pero no fue así, sino que un día los de ByA llegaron por Enrique y su comisariado, compuesto por secretario y tesorero; los subieron a una camioneta argumentando que era parte del apoyo para no poner sus vidas en peligro, pues era riesgoso cargar con un cheque de las cantidades que les iban a entregar.
Plataforma de descarga y mantenimiento a ruedas de locomotoras en Miguel Alemán
Representantes del despacho los trasladaron hasta Campeche, a 220 kilómetros de Miguel Alemán, específicamente a unas oficinas federales en el inmueble conocido como el Palacio Federal. Ahí los esperaba supuestamente alguien de Fonatur y una notaria pública que iba a dar fe y legalidad al proceso.
Su sorpresa fue cuando vieron que había más gente haciendo fila para pasar, comisariados de los demás ejidos del tramo 1, desde Corte de Pajaral y Pejelagarto, del municipio de Candelaria, así como Don Samuel, Haro y División del Norte, del municipio de Escárcega.
Con el pretexto de la pandemia, de que eran muchos y no podían tardar tanto, entraban y salían los comisarios, acompañados por personal de ByA. Collí recuerda: “cuando nos tocó a nosotros, entramos, me entregaron los papeles y me dijeron ‘firme aquí, también aquí y este también’, tres documentos que no me dejaron leer, primeramente; me los quitaron y me dijeron que no podía tardar y que debía firmar enseguida, que si no quería firmarlos que lo dijera en ese momento”.
Les comentaron que ya habían firmado otros ejidos de la misma manera, que sólo faltaban ellos y unos más para finiquitar el proceso, así que lo apresuraron a firmar para ya irse.
Finalmente, les entregaron cuatro cheques, “me tomó del brazo, el de Barrientos, y nos dijo que nos iban a acompañar a cobrarlo para que no haya peligro, incluso nos mostró que estaban armados para defendernos por cualquier cosa (armados, literalmente, con una pistola)”, relata Enrique Collí, ahora en calidad de ex comisario ejidal, desde su casa.
“Cuando íbamos en el trayecto nos pidieron el cheque por 12 millones, porque según era el pago de sus servicios profesionales, mientras que los que iba a cobrar para el ejido eran dos, uno de 645 mil y otro de millón 400 mil, que eso era lo que le correspondía al ejido y que según lo platicado en las asambleas así habíamos quedado y que ese de 12 millones no sería reflejado por lo mismo, porque estaba contemplado para sus servicios profesionales”.
Después de eso, los llevaron al pueblo, convocaron a una asamblea para pagar el recurso y listo, no se volvieron a ver, hasta que, cara a cara, Collí le dijo a Alan Young que los demandó porque en la comunidad le acusan de quedarse con el dinero.
El actual comisario de Miguel Alemán, Jesús Millán, conocido como “don Chuy”, contó que cuando quedó como comisario tuvo acceso a los documentos y al revisarlos y asesorarse, le demostraron que hubo cuatro cheques que según recibió don Enrique Collí.
Dos de esos cheques fueron repartidos entre los 292 ejidatarios, hecho que consta en un acta de asamblea, otro, el de 12 millones de pesos fue entregado, supuestamente, a los de Barrientos y otro más por 260 mil pesos no apareció y los pobladores señalan a don Enrique de quedárselo.
Cuando Alan Young Cruz y Joel Guadarrama, de ByA, fueron denunciados por fraude, otros empleados del despacho comenzaron a visitar al nuevo comisariado con las supuestas pruebas de que sus antecesores recibieron más de dos millones de pesos en el trámite de liberación de tierras.
Les mostraron copias de los otros dos cheques también por concepto de indemnización de las tierras que serían afectadas por el paso del Tren Maya.
Fue entonces cuando los ejidatarios se enteraron de que les repartieron menos dinero de lo que les correspondía, y que también había pasado en otros ejidos.
En el ejido Cinco de Febrero, pero en el municipio de Champotón, Marcelo García Góngora, ex representante del Comité de Vigilancia del comisariado, recuerda que cuando ByA llegó con ellos inició ese mismo proceso de ofrecerles una cantidad por concepto de pago por sus tierras sin hablar de avalúos ni de cuántos pagos serían.
La diferencia fue que al estar más organizados que los de Miguel Alemán, no aceptaron dinero o cheques y tras varias asambleas contrataron a unos asesores legales para que los apoyaran y les explicaran, y pelearon por lo que firmaron previamente en cuestión de los cheques; es decir, firmaron dos pagos y fue lo único que recibieron, aunque más tarde les hayan querido adjudicar otros pagos sin pruebas.
Otra de las diferencias fue que tampoco aceptaron los tres pesos que les estaba ofreciendo ByA por metro cuadrado; en asamblea acordaron pedir 10 pesos, pues sabían que sus tierras tenían un costo mayor, pero no calculaban cuánto con exactitud, razón por la que hicieron la petición y de nueva cuenta Alan Young Cruz les dijo que sí, “que ellos pidieran lo que consideren porque había dinero para convencerlos”.
Sin embargo, tras un año de pelear por las copias del proceso de pago, donde especifica por qué les dieron determinada cantidad de dinero, los ejidatarios y sus asesores descubrieron que no les pagaron lo acordado por la asamblea, sino que, con el argumento de ser diferentes tipos de suelo, unas hectáreas las pagaron a 7.60 pesos y otras a 8.10 por metro cuadrado.
El actual presidente del comisariado ejidal, Jesús Millán, señaló que los representantes de ByA lo presionaban para firmar de recibido cheques que nunca vieron
De acuerdo con el Convenio de Ocupación Previa de Tierras de Uso Común que Serán Sujetas a Procedimiento Expropiatorio, que celebran el ejido “Cinco de Febrero”, municipio de Champotón, firmado entre el comisariado ejidal compuesto por presidente, comisario y tesorero, Nacional Financiera como fiduciaria del gobierno federal en Fonatur, ante la presencia de la Procuraduría Agraria, debe haber un avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), previa celebración del contrato.
Dicho Convenio especifica que el procedimiento expropiatorio ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de las hectáreas señaladas en el caso de dicho ejido, es para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto denominado Tren Maya y sus obras complementarias, conforme a la fracción VII del artículo 93 de la Ley Agraria.
El artículo establece que “los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas”, una de ellas, según la fracción VII, es por la construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte.
El convenio de dicho ejido establece que Fonatur se obliga a pagar a El Ejido por concepto de pago anticipado a cuenta de la indemnización que en su momento determine el decreto expropiatorio, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 57 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de acuerdo con el avalúo emitido por el Indaabin, la cantidad de dos millones 83 mil 13 pesos.
El monto a pagar es en una sola exhibición, mediante cheque 0004922, del banco BBVA Bancomer.
En los ejidos Corte de Pajaral, Candelaria, Pejelagarto, Miguel Alemán y Luna, en el municipio de Candelaria; Don Samuel, Har y División del Norte, en Escárcega; y Miguel Colorado, 5 de Febrero, Pixoyal, Lázaro Cárdenas, La Esperanza y Felipe Carrillo Puerto, en Champotón, el común denominador fue el precio que ByA les ofreció previamente y no ser claros con los avalúos ni los cheques que les expidieron.
Estos ejidos unieron sus experiencias respecto al proceso del pago para hacer una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se encontraron con que, primero, no tenían a alguien de guardia que recibiera la denuncia formalmente,
Con topógrafos y técnicos marcan las vías con ubicación de la zona
segundo, el argumento de que no era competencia de la FGR aún y cuando lo denunciado es fraude con un recurso federal y de un proyecto emanado de la Federación y, tercero, que fue por la pandemia, señaló Jorge Fernández Mendiburu, asesor legal de la unión de ejidos.
En las asambleas celebradas entre los meses de junio y julio del presente año, en estos ejidos han manifestado su preocupación por el dinero que no aparece y cuyos cheques les adjudican como recibidos.
Los ejidatarios también han pedido al gobierno federal una explicación completa del avalúo que el Indaabin hizo respecto a las zonas que serán afectadas por el trayecto del Tren Maya para determinar cuánto les pagaron por metro cuadrado exactamente, así como la respuesta por la falta de información no sólo por parte del despacho, sino de las instancias que promueven actualmente la liberación y consentimiento de dichas áreas, que, según Javier Rodríguez May, secretario de Bienestar, enviado para resolver el problema, son 40 dependencias que intervienen en todo el proceso.
Sin embargo, ejidatarios como Marcelo García Góngora y su
hermano José del Carmen, quien fue el comisario del ejido 5 de Febrero, coincidieron en que en estas últimas asambleas lo que está haciendo Rodríguez May y todos los titulares de las diversas dependencias, es disuadirlos para que estén conformes con apoyos.
Un ejemplo es la asamblea del 8 de julio pasado en Don Samuel, donde los ejidatarios dan por desaparecidos 8 millones de pesos que según fueron entregados al comisariado saliente, pero afirman que no hubo tal pago.
El motivo de dicha asamblea convocada por Javier Rodríguez May, Katia Meave Ferniza, delegada de los programas federales en Campeche y otras autoridades, fue para dar explicación del recurso e informar lo que proseguía.
Pero durante la asamblea no hubo tal explicación y sí la consigna de que “no se preocupen por el recurso, lo que falta se les va a pagar por parte del gobierno federal, pero ya tomada la decisión, mejor díganos en qué les podemos ayudar en lo que sale ese recurso faltante, ¿qué necesitan?”, preguntó Rodríguez May con ayuda de un micrófono.
El acto provocó el aplauso de los ejidatarios que asistieron a dicha asamblea y que no debió realizarse pues de acuerdo a los estatutos no había el quórum requerido.
Después respondieron que la siembra ya iba a comenzar y no tenían dinero para fertilizantes, por lo que rápidamente Rodríguez May les prometió que, al día siguiente, 9 de julio pasado, les llevarían sacos de fertilizantes para todos los ejidatarios asentados en el padrón, por lo que volvió a preguntar, ¿cuánto está bien: cinco, seis sacos?
Nuevamente los ejidatarios aplaudieron y respondieron que seis sacos para cada uno de los más de 300 ejidatarios, a lo que el funcionario federal pidió que lo anotaran para que al día siguiente el subdelegado de programas federales, José Cardozo Rivera, llegara con la gente necesaria para la repartición del fertilizante e hizo hincapié: “no se preocupen, el recurso que falta de indemnización será pagado”.
Según cuenta María Elena Hernández Hernández, ejidataria y representante de Don Samuel, este discurso lo han utilizado las autoridades federales para desatender el objetivo de las reuniones ejidales para que les den una respuesta de los pagos, la explicación de dónde quedó el dinero, así como qué va a suceder con ByA, despacho al que ya les cancelaron el contrato, debido a todas las irregularidades pero no entran en más detalles, según respuesta de las autoridades.
Alejandro Velazco Izuka, representante de ByA, durante una entrevista en el ejido 5 de Febrero en julio pasado, explicó que ellos fueron contratados por la división del Tren Maya y Fonatur para hacer los trabajos de ingeniería básica y lo jurídico; es decir, dos labores diferentes pero que van de la mano.
Primero Fonatur le da coordenadas del trazo a ByA para que estos asistan, hagan mediciones y georreferenciación de espacios para luego pasar a la parte jurídica en la que tienen que integrar un expediente en conjunto con los núcleos ejidales que permita la conciliación para llegar a un acuerdo mutuo por el pago de las áreas impactadas por el proyecto.
A dichos pagos los denominan uso previo y derecho de vía, sin embargo, falta el pago por daños posteriores. Antes del paso jurídico, Indaabin realiza un avalúo de acuerdo con la información proporcionada por ByA para el pago de uso previo.
“A veces lo que se hace, como hay una combinación de clasificación de suelos en las superficies afectadas, se promedia, porque hay una combinación de influencia urbana con avícola forestal y en el caso de 5 de Febrero de entrada son agostaderos, la tierra más barata”.
Sin embargo, fueron pagados al precio más alto que es de 71 mil pesos por hectárea, es decir, 71 pesos por metro cuadrado, aseguró. “Agostadero es un lugar que no está disponible para espacios agrícolas o no está trabajado”.
Pero también hubo avalúos en donde el costo fue de 86 pesos por metro cuadrado u 86 mil pesos por hectárea.
La asamblea de anuencia sirve para autorizar al comisariado ejidal a que firmen el convenio de ocupación previa y se llama así porque es lo primero en el decreto definitorio que Sedatu deberá de realizar.
“Los compañeros con los que existe el problema son Eloy Guadarrama y Alan Yong Cruz, quienes abusaron de la confianza y de la ignorancia de los comisariados ejidales a quienes les solicitaron pagos millonarios por servicios profesionales, cuando estos servicios ya estaban solventados en un contrato firmado anteriormente entre Fonatur y el director de ByA como parte de una licitación pública para el servicio de ingeniería básica y jurídica”, aseguró el representante de ByA.
Estos personajes enfrentan una denuncia penal promovida por ByA, por fraude y lo que resulte, aseguró.
Velazco Izuka dijo que ellos, ByA, nunca pagaron o tocaron el dinero en efectivo, al menos el protocolo que usan no tiene que ver con el recurso en efectivo, sino con la entrega de cheques con los notarios públicos subcontratados, que en el caso de 5 de Febrero fue la notaria 37, Mónica Rodríguez.
Sin embargo, también hay sospechas de que los comisariados ejidales tuvieron injerencia en el desfalco ocurrido a otras comunidades, aseveró.
Respecto al dinero que desfalcaron los del despacho, tendría que regresar pues son recursos de la nación que deben ser usados para lo que fueron destinados, mencionó.
Ejidatarios de Miguel Colorado en Champotón, esperan que el Tren Maya pase frente a su atractivo turístico más importante, el Cenote Aguazul
El trabajo de ByA termina cuando el representante entrega la documentación a la notaría o notario para hacer la entrega del cheque a los comisariados y estos a su vez informan de la cuenta bancaria a donde será depositado el cheque.
La relación con ByA ya terminó, asegura Adrián Montemayor, gerente nacional de Comunicación Social de Fonatur, sin dar más detalle, y tras ser cuestionado de si el despacho cumplió con su trabajo o se llevó lo que había realizado, la respuesta fue que hay cuestiones legales que revisar para dar más información.
El 15 de julio de este año, en un comunicado de prensa, Fonatur informó que en el ánimo de difundir información pública sobre sus trámites y servicios, la empresa Barrientos y Asociados, S.A de C.V., ya no tiene relación contractual con ninguna de sus empresas filiales.
“El contrato de prestación de servicios profesionales, técnicos, jurídicos y de coordinación en el proceso de adquisición de derecho de vía en los primeros tres tramos del proyecto Tren Maya, no se renovará ni será considerado para la prestación de servicios futuros”.
Destaca que “Fonatur se encuentra atendiendo las denuncias realizadas por ejidatarios emanadas del proceso de negociación para el pago por la liberación del derecho de vía” y que evalúan los mecanismos para continuar los procesos de negociación con ejidos y habitantes en la ruta.
Con corte a ese día, señalaron que llevaban 633 millones de pesos ejercidos en los procesos de pago de inmuebles en los tres primeros tramos del Tren Maya.
ByA también fue contratado por el gobierno de Campeche, cuando estaba a cargo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, actual líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tuvo un pago de seis millones 234 mil pesos por una consultoría para el estudio de liberación de derecho de vía y meses después el gobierno federal le otorgó en adjudicación directa 62 millones de pesos.
Dicho presupuesto fue para los “trabajos técnico- jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya”, de acuerdo con el contrato C-TM-007/2019, firmado por Arturo Avalos
Aserraderos a la orilla de las vías en la comunidad 5 de febrero del municipio Champotón esperaban trabajo, pero no los contrataron
Albor, apoderado legal del Fonatur; Alejandro Varela Arellano, director jurídico de Fonatur y administrador del contrato, así como Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, apoderado legal del despacho ByA.
Meses más tarde este convenio fue modificado para que los servicios de ByA fueran extendidos desde septiembre del 2019 a diciembre de ese mismo año, es decir, tres meses; mientras que el primer convenio fue por un pago de 62.7 millones de pesos, los tres meses extra que trabajaron fue por 24.3 mdp más, es decir, 87 millones de pesos en total.
En Quintana Roo la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) signó con ByA el contrato de obra pública AGEPRO/AD/SERV/005/2019 por un monto de 6 millones 867 mil 842 pesos para “estudios técnico jurídicos preliminares para la gestión y liberación del derecho de vía para el desarrollo de infraestructura en el estado de Quintana Roo”, tras recomendación de Fonatur.
Sin embargo, el estudio pagado fue innecesario porque el tren no utilizaría los derechos de vía, sino que correría por la carretera federal en sus tramos de Cancún a Playa del Carmen y de Playa del Carmen a Tulum.
El director general de ByA, Ernesto Barrientos Quintero, aparece en el dictamen de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, al consignarse como coordinador del programa Oportunidades en el Estado de México, bajo la gestión de la ex secretaria de Desarrollo Social; dos años antes figura como funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Rosario Robles Berlanga fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y también de Desarrollo Social, en el sexenio de Enrique Peña Nieto; está acusada por ejercicio indebido del servicio público, al no haber evitado ni denunciado el desvío de 5 mil 73 millones de pesos.
