"América Latina no cuenta con un mecanismo de integración o de concertación política en el que todos los Estados se sientan representados"

En términos generales, dichos organismos persiguen o persiguieron objetivos más específicos, como promover la integración económica, facilitar el comercio, propiciar la concertación política, o ampliar la cooperación regional en todos los ámbitos.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos institucionales, no hay que ser un analista demasiado perspicaz para apuntar que, en este momento, América Latina no cuenta con un mecanismo de integración o de concertación política en el que todos los Estados se sientan representados y que sea interlocutor de peso ante otros bloques de países, sean asiáticos, europeos o de otra región del globo.

Es cierto, existe la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a la que pertenecen prácticamente todos los países de nuestra región, pero sufre de una evidente debilidad institucional y poco pesa en el ámbito internacional; se encuentra prácticamente inactiva.

En la práctica lo que tenemos en América Latina es un conjunto de mecanismos subregionales, como el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina (CAN), la Alianza Bolivariana (ALBA), la Alianza del Pacífico (AP) y más recientemente el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), distantes unos de otros, sin lazos reales de colaboración y más bien, en algunos casos, en franca oposición.

En el ámbito nacional, el gobierno de México ha impulsado esquemas de colaboración con sus vecinos centroamericanos, como el Plan Puebla Panamá y el Proyecto Mesoamérica, que no han tenido impacto en el nivel de desarrollo de esas naciones. La actual crisis migratoria es una muestra palpable de ello.

Pero, ¿por qué no hemos logrado avanzar? Podríamos mencionar varias razones, pero para referirnos al pasado reciente, una muy evidente es la aparición de gobiernos con visiones políticas que han resultado excluyentes y que han provocado la división entre los países de América Latina.

Por ejemplo, la ALBA del 2004 promueve un proyecto político que, según sus impulsores (Cuba y Venezuela), busca la integración latinoamericana alejada de los esquemas neoliberales, en oposición al imperialismo, y con la meta última de construir el socialismo del siglo XXI.

Sin embargo, sus resultados no son nada alentadores. Los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, integrantes de la alianza, llegaron al poder por la vía democrática, mediante elecciones populares, y luego colonizaron todas las instituciones para controlar el Estado y permanecer en el poder. En el plano regional, la ALBA procuró el control de otras organizaciones como la CELAC y la UNASUR, con resultados contraproducentes para la unidad latinoamericana: la inoperancia de la primera y la práctica desaparición de la segunda, con la salida de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Ecuador, que no comparten la visión política de los integrantes de la ALBA.

El distanciamiento entre sí de los diferentes mecanismos regionales se expresa también en las relaciones bilaterales. Los integrantes del Grupo de Lima acusan al gobierno de Venezuela de violaciones a los derechos humanos de sus propios ciudadanos y han tomado medidas para aislarlo y forzarlo a tener elecciones presidenciales con jueces y mecanismos imparciales; en la OEA han promovido la condena al gobierno de Nicaragua por la represión a sus opositores. Con ese nivel de animadversión, azuzada además por actores extra regionales, la integración es una utopía.

¿Puede cambiar esa situación?

Podría, si se dieran al menos dos condiciones: Una, que los líderes de los países latinoamericanos asumieran el compromiso de respetar y defender las normas establecidas en la Carta Democrática Interamericana. Otra, que se impulsaran y concretaran acuerdos económicos y de cooperación para reducir las brechas sociales al interior de los países y entre ellos.