La dicotomía de la NUEVA política exterior nacional
En el mes de marzo del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en conjunto con la Secretaria de Gobernación (SG), emitió un comunicado que lleva por título La política migratoria de México es soberana y busca preservar los derechos humanos, mismo que revela que la posición mexicana respecto a las olas migratorias es una cuyos pilares fundamentales son la defensa de los derechos de los desplazados y la promoción del desarrollo con una visión humanitaria.
En el texto, y en las acciones de gobierno que le siguieron, la política migratoria nacional privilegió la protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.
Prueba de ello fue el otorgamiento de la condición de estancia por razones humanitarias a más de veinte mil personas extranjeras que ingresaron a nuestro país, según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, aunque este beneficio también se extendió a personas de otras nacionalidades que aprovecharon para ingresar a México con las caravanas.
El gobierno actual afirma que con dicha medida y gracias a esta nueva política se subsanó el error fundamental previo que, desde la ilegalidad, condenaba a los desplazados a la marginalización y precariedad.
"Es más que evidente que México está sometido a las decisiones e intereses de EU."
Para un análisis objetivo de las consecuencias de esta decisión debemos remontarnos al mes de septiembre del 2018, cuando el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto dio la orden de dejar ingresar a México a los migrantes que venían en la primera caravana siempre y cuando cumplieran con los requisitos que establecía la ley. Esta decisión generó un gran descontento entre los activistas y organizadores del movimiento poblacional, en virtud de los obstáculos que se imponían para cruzar por territorio mexicano, y desató una ola de violencia en las fronteras del país.
Estos acontecimientos también fueron motivados porque el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en sus discursos, hacia referencia a que en su gestión los migrantes sería bienvenidos a México y todos tendrían oportunidades laborales.
Ante estas contradicciones discursivas, a partir del mes de diciembre del 2018 y hasta el mes de junio de este año, el actual gobierno, a través del Instituto Nacional de Migración, regularizó a más de 20 mil personas por razones humanitarias. Es decir, la administración AMLO abrió la puerta a México sin establecer ningún tipo de control, a pesar de que en estos flujos mixtos se infiltraban personas que estaban saliendo de sus países de origen por haber cometido conductas delictivas vinculadas con el crimen organizado y pandillas organizadas.
Esta nueva medida migratoria fue tomada sin dimensionar las consecuencias que traería en cuanto a la contención de los futuros flujos de desplazados y las relaciones bilaterales con Estados Unidos (EU).
También, el caos fronterizo generó que las instituciones encargadas de atender el fenómeno migratorio se desbordaran hasta su colapso.
Hacia un nuevo paradigma
En el mes de junio del presente año, y ante la presión de Washington, tuvo que cortarse la iniciativa migratoria de tipo humanitario de López Obrador y replantearse un nuevo paradigma en la política exterior nacional.
La intención de Donald Trump de imponer aranceles a los productos procedentes de México si este no paraba el flujo migratorio creó un escenario de riesgo y confrontación comercial con el vecino del norte. Nuesto país se vio entonces obligado a cambiar su política exterior y se comprometió a hacer frente a los flujos de desplazados, estableciendo medidas de control más estrictas y evitando que los migrantes de diversas nacionalidades, especialmente centroamericanos, cruzaran por el territorio para llegar a la frontera norte y solicitaran asilo en Estados Unidos.
Esta negociación diplomática con Washington adquirió matices de imposición, más que de acuerdo de voluntades, y dio como resultado que la política exterior mexicana se centrara nuevamente en el resguardo de la seguridad nacional y no en la protección de los derechos humanos; el gobierno actual también ha cerrado los ojos para no aceptar su responsabilidad en la falta de diseño, estructura e implementación de este nuevo paradigma exterior.
Una diplomacia con soberania
En La política migratoria de México es soberana y busca preservar los derechos humanos, la SRE y la SG reiteran que México actúa de forma soberana e independiente al implementar su nueva política migratoria —una que, aseguran, pone al centro la protección de los derechos humanos de los desplazados.
Sin embargo, es más que evidente que México está sometido a las decisiones e intereses de EU. López Obrador ha condicionado su política exterior al comercio, y el precio de esta decision lo pagarán los migrantes que salen de su país huyendo de la violencia y el crimen organizado. La diplomacia entre Palacio Nacional y la Casa Blanca resultó en un intercambio de carne por mercancía, dando como resultado un nuevo caso de cosificación de la dignidad humana en pleno siglo XXI.
Para lograr un cambio real en su política exterior, México debe respeta el derecho soberano de Estados Unidos de ejecutar sus propios proyectos migratorios, pero tendría que actuar de forma independiente al momento de fijar la agenda nacional. El actual cambio del paradigma diplomático ha sido fuertemente cuestionado por la falta de coherencia entre lo que se plantea y lo que se lleva a la práctica en las fronteras.
Para acabar con la actual crisis migratoria, México debe diseñar una buena política nacional que tenga un enfoque congruente entre los derechos humanos de los migrantes y la soberanía nacional:
Primero, las visas humanitarias deben ser entregadas tomando en consideración la dignidad de las personas. El gobierno otorgará protección amplia a quien realmente lo necesita y establecerá medidas severas contra el abuso de solicitudes de asilo y residencia. Las instituciones deberían también fortalecerse para lograr una correcta implementación de esta nueva política.
Finalmente, el enfoque diplomático y migratorio tendría que atenderse de manera regional, con todos los actores involucrados, para que México pueda asumir, de manera idónea, los compromisos humanitarios adquiridos en foros internacionales.